«No hay posibilidad de estar en paz con el otro, si no hay una relación respetuosa con el medio que nos rodea»

«No hay posibilidad de estar en paz con el otro, si no hay una relación respetuosa con el medio que nos rodea»

El 26 de agosto de 2019 fue emitida una preocupante alerta temprana sobre el riesgo que corren actualmente los miembros del Movimiento Ríos Vivos, en especial Isabel Cristina Zuleta, lideresa y fundadora del movimiento. El 29 de agosto de 2019, el Instituto CAPAZ conversó con la representante, precisamente para conocer y entender mejor la situación actual de la población afectada por el megaproyecto Hidroituango, así como la situación de riesgo en la que se encuentra el movimiento.

En 2019, Isabel Cristina Zuleta fue finalista al Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos, categoría «defensora del año», en 2018 ganó el mismo premio en la categoría «proceso colectivo». Zuleta participó como panelista en 2018 en el Congreso Internacional de CAPAZ sobre construcción de paz en Colombia. Desde entonces, la organización de la sociedad civil Movimiento Ríos Vivos se ha vinculado a algunos eventos organizados por CAPAZ, investigaciones y ejercicios de circulación de conocimiento.

CAPAZ: ¿Cuál es la situación actual socio-económica y ecológica por la cual ustedes como movimiento Ríos Vivos están reclamando a la institucionalidad colombiana? ¿Cuáles son los riesgos por los cuales se han visto abocados a ejercer activismo en reivindicación de sus derechos?

Isabel Cristina Zuleta (ICZ): La situación actual es complicada porque el megaproyecto Hidroituango aún genera riesgo. Toda la zona alta del megaproyecto, es decir la zona inundada generó una gran inestabilidad en el territorio. Desde la tragedia del año pasado cuando taponaron esos túneles sin haber terminado la obra, hemos venido exigiendo que nos aclaren sobre los riesgos de la obra para que la comunidad sepa si debe huir cuanto antes o puede quedarse en la zona y hasta cuándo. Por el momento hay incertidumbre total sobre Hidroituango. Aguas abajo el riesgo se genera porque el año pasado, en el mes de mayo y como consecuencia de un desprendimiento de tierra, hubo un taponamiento súbito del único túnel por donde estaba pasando el agua ya que EPM (Empresas Públicas de Medellín) había tapado con cemento los otros túneles. Al no tener las condiciones técnicas este tercer túnel, en el destaponamiento se generó una avalancha que destruyó puentes, casas, y dejó a la población en una situación de riesgo, situación que aún hoy no se ha resuelto. Nos sentimos abandonados por el Estado colombiano ante los daños y riesgos generados por un megaproyecto que no pedimos y que ha generado un gran daño social, económico y ambiental.

Si bien nosotros logramos que un juez penal de garantías nos otorgara unas medidas cautelares relacionadas con nuestra denuncia penal ambiental por todos los daños que está causando Hidroituango a los ecosistemas, a los bienes de la naturaleza, la situación no es alentadora. Una de las medidas cautelares es una mesa técnica para que se nos diera respuesta sobre la inestabilidad o estabilidad, y por ende viabilidad o no de la obra. Ante la posibilidad de que en estas discusiones técnicas se llegue a la conclusión de que el proyecto es inviable, o se suspenda el proyecto hasta tener certeza al respecto, hay sectores políticos incómodos que afirman que estamos poniendo en riesgo el futuro de la ingeniería, del desarrollo y de la energía en Colombia. Según estos sectores, Hidroituango es la obra más promisoria del país.

La segunda medida fue la protección de los derechos de la población, a la atención, a la garantía de la vida, y sobre todo a la vida digna, pero esto no ha funcionado muy bien tampoco, porque no hay voluntad de las instituciones. La población pescadora ya no tiene sustento desde hace seis meses y en general no se tiene acceso a alimentos. También tenemos una situación muy grave de salud pública. Por una parte, tenemos más de 250 casos de leishmaniasis entre la población. Aún no nos han dicho cuáles son las causas del brote súbito de esta enfermedad en la población, y el tratamiento es muy tóxico. La atención médica es pésima y ya cinco personas han muerto por esta causa. Por otra parte, hay muchas personas con estrés postraumático que no han recibido atención psicosocial. La avalancha, los derrumbes y la pérdida del río ha generado un shock masivo en la población y no hay quien los atienda.

CAPAZ: En conexión con las afectaciones sociales, económicas y ecológicas de Hidroituango hay un aspecto relacionado con el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad. En la zona han ocurrido muchas desapariciones forzadas y asesinatos de pobladores a lo largo del conflicto armado, y se ha reportado la existencia de fosas comunes. El megaproyecto pasa o pretende pasar por encima de estas fosas comunes y por eso ustedes han solicitado medidas cautelares a la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, para que se proteja el derecho de las víctimas a encontrar a sus muertos. ¿En qué van estas medidas cautelares de la JEP y qué significa para ustedes esta posibilidad?

ICZ: Desde 2010 empezamos a denunciar la existencia de fosas comunes en el territorio. Sabemos de su existencia porque hemos sido testigos de las atrocidades que han cometido los diferentes actores del conflicto armado a lo largo de tantos años. Estos mismos actores armados obligaron muchas veces a los campesinos a enterrar a las víctimas. En otras ocasiones, los cuerpos fueron lanzados al río Cauca y los barequeros (mineros ancestrales) y pescadores que los encontraban, les dieron sepultura en las riberas del río porque, según nuestra cultura y creencias, la muerte se debe dar en la tierra y no en el agua. Eso significa que por conocimiento directo sabemos que han existido y aún existen esas fosas comunes.

Por ello, pedimos al megaproyecto que esos sitios no fueran afectados, pues consideramos que hay familias que aún buscan a sus muertos y no tendrán paz hasta encontrarlos, y porque es importante para Colombia encontrar a los desaparecidos que podían estar allí. Lamentablemente, el megaproyecto inundó y ha construido campamentos sobre estos sitios a pesar de que les hemos advertido de su existencia. Gracias a nuestra lucha se han podido recuperar 159 cadáveres antes de la inundación, pero sabemos que quedan muchos más.

Por esta razón, las medidas cautelares que nos ha otorgado la JEP para proteger estos sitios son de un valor ético, moral y espiritual muy profundo, pues ellos están de acuerdo con que hay que seguir buscando a los desaparecidos a pesar de las circunstancias. Próximamente tendremos una audiencia pública con la JEP al respecto para acordar los aspectos metodológicos, logísticos y técnicos para que se puedan tomar medidas más puntuales dirigidas a EPM o a las instituciones del Estado colombiano.

CAPAZ: Hemos sabido sobre una alerta temprana de riesgo emitida para exigir al Estado colombiano que tome medidas adecuadas de prevención y protección para ustedes. ¿Cuál es la situación de riesgo actual para los líderes y miembros del movimiento Ríos Vivos?

ICZ: Hay organizaciones político-electorales incómodas con nuestras reclamaciones, que han dicho abiertamente que no deberíamos buscar a los desaparecidos ni hacer alusión a las 134 masacres ocurridas en el territorio afectado por Hidroituango. Hay sectores que ven sus intereses en riesgo con las medidas cautelares otorgadas por el juez y más aún con la próxima audiencia que realizará la JEP sobre las fosas y cuerpos de personas desaparecidas que inundó Hidroituango.

Esa incomodidad se ha expresado por medio de diferentes estrategias especialmente de desprestigio, estigmatización y persecución al Movimiento Ríos Vivos. En este momento están recogiendo firmas para desprestigiarnos y decir que el movimiento no representa a la población cuando somos la población misma. Si bien somos un movimiento que representa una porción pequeña de toda la población afectada, unas 1.200 familias opositoras al proyecto, tenemos derecho a disentir y a denunciar las violaciones a los derechos humanos que vienen ocurriendo. Dicen a la gente que yo como lideresa, al hacer este tipo de denuncias, daño la imagen de mi municipio (Ituango) y del país (Colombia), al hacer denuncias de violaciones de derechos humanos. Dicen que hemos mentido al juez y a la institucionalidad y por eso nos otorgaron las medidas cautelares.

Además, EPM ha iniciado una campaña muy fuerte que genera rupturas y choques en la población al contratar a más de 90 líderes a quienes les pagan $850.000 COP mensuales para que representen los intereses de la empresa. Ante la precariedad de la situación, es entendible que la gente necesite este dinero y consideren que es correcto trabajar para EPM. Estos líderes ahora dicen que nosotros hemos obstaculizado las negociaciones cuando no solo no es cierto, sino que buscamos que se den negociaciones en condiciones justas. Eso es muy delicado, pues en ningún momento hemos criticado que la gente reciba ayudas o mercados, o que se les reconstruya la vivienda. Lo que hemos dicho es que esto no es suficiente y es necesario que nos digan qué va a pasar con la vida, cuál es el futuro de la región, y que reparen de manera integral por todos los daños que han causado.

Nosotros hemos pedido la responsabilidad penal de quienes nos han hecho tanto daño y eso ha generado un gran revuelo en la zona. Esto ha generado una gran persecución, pues les parece el colmo que queramos que vaya a la cárcel el gerente de EPM, pero nosotros solo pusimos la denuncia y será un juez de la República quien determine si debe ir a la cárcel o no.

Además de la persecución, todo el tiempo hay amenazas y lamentablemente ya nos hemos acostumbrado a recibirlas. Casi semanalmente recibimos amenazas por Twitter, Facebook, correo electrónico, llamadas, mensajes de texto, etc. Las hemos denunciado, pero no pasa nada y se nos vuelve un asunto de resignación.

Pero desde el año pasado, especialmente, se ha venido presentando un hostigamiento hacia las familias de los integrantes hasta el punto de que ya seis familiares de líderes del movimiento han sido asesinados. Últimamente, mi familia es objeto de persecución. Están en una campaña para lo que ellos llaman “desenmascararme”, porque dicen “algo oscuro debo tener al denunciar un proyecto de desarrollo”. Entonces le preguntan a mi familia: ¿Cómo es posible que tengan una hija, nieta, tía así? Le dicen a mi familia que me están investigando y ellos están siendo objeto de una gran presión social. Esto es algo muy doloroso y ataca el centro de la lucha que también es por el futuro de la familia.

El año pasado asesinaron a dos líderes del movimiento y en total han asesinado a cinco, más los familiares ya mencionados. Por eso la importancia de la alerta, porque antes de cada ataque concreto, hay todo un ambiente propicio que posibilita los ataques. En 2019 un líder del movimiento tuvo que salir del país. En un panfleto decía que “hay que acabar con todos los miembros del Movimiento Ríos Vivos, en especial sus fundadores”, y después una persona de manera directa se acercó a la vereda del otro líder y le dijo que no podía seguir siendo miembro del movimiento y que me dijera a mí que, así yo tuviera esquema de seguridad, me iban a matar. Cada vez que se genera este ambiente le hemos dicho al Estado que es necesario actuar antes de que ocurran las muertes, pero no nos han escuchado. Ahora está pasando, hay un ambiente de persecución y hostigamiento, de estigmatización del movimiento y estamos alertando para que haya prevención, pues sabemos que algo muy malo puede pasarnos.

CAPAZ: ¿Qué medidas concretas crees que se deben tomar, no solo desde el Estado colombiano, sino también desde la comunidad internacional?

ICZ: Nosotros agradecemos a la comunidad internacional los programas de acogida, pues facilitan las salidas temporales de quienes están en riesgo inminente y esto es una medida de protección. La vicepresidenta del movimiento, Milena Flores y Genaro Graciano, uno de los fundadores del movimiento salieron del país a un programa de acogida en España ante su situación de riesgo, entonces agradecemos esta posibilidad que nos han brindado.

En segundo lugar, consideramos que la comunidad internacional debe hacerse responsable por lo que nos sucede. Detrás del megaproyecto hay bancos alemanes, canadienses, brasileros, suizos, hay también aseguradoras en su mayoría alemanas, además los que han vendido maquinaria son suecos y alemanes, entre otros. Agradecemos la solidaridad y la seguimos pidiendo a la comunidad internacional, pero consideramos además que tienen una parte de la responsabilidad con la población, porque no es posible que un banco entregue dinero a una obra que hace tanto daño y que persigue a personas que simplemente piden que se respete el derecho a la vida, que se cuide el medio ambiente, la biodiversidad los derechos de las comunidades. Hay salvaguardas que debieron cumplirse y no se cumplieron.

La crisis climática nos está diciendo que los ríos no se deberían represar ni desviar y que no se debieron talar o inundar bosques para hacer esta obra. En un sentido estricto, el daño no es solamente para nosotros como afectados directos, sino para toda la humanidad.

La principal medida que nos debe otorgar el Estado colombiano es que se supere la impunidad, se sancione a quienes nos estigmatizan y hacen daño, se tomen medidas concretas en contra de los discursos de odio, que los funcionarios sean despedidos y sancionados cuando nos discriminan o señalan por nuestra postura con relación a Hidroituango. Pero además, debe brindarnos garantías para permanecer en el territorio en condiciones dignas y de seguridad, implementando el actual Plan de Prevención y Protección con el que cuenta el movimiento, que fue construido con el Ministerio del Interior pero que hasta ahora no se cumple.

CAPAZ: En el contexto actual de posacuerdo, ¿cómo crees que se puede construir la paz ambiental?

 ICZ: No hay posibilidad de estar en paz con el otro, si no hay una relación respetuosa con el medio que nos rodea y si no hay derecho efectivo a un ambiente sano para todos. Eso significa que el aire sea respirable, que el agua sea limpia, que las montañas estén firmes, no como nos pasa a nosotros ahora. Si no hay posibilidad de eso, no hay paz. Para nosotros, la naturaleza no es sujeto de derechos porque nosotros se los otorguemos, sino que la naturaleza es sujeto de decisión. No hay posibilidad de paz con la naturaleza si continúan las acciones de agresión en su contra. Colombia requiere claridad en términos de sus prioridades sociales y ambientales para avanzar en la construcción de paz.

 

(Entrevista conducida por Juliette Vargas. Revisión: Stefan Peters, Claudia Maya. Fotos: Carolina Cerón. Versión en inglés: Tiziana Laudato)