Consultas populares y democracia ambiental
Foto: Cortesía seminario-taller.
El mecanismo de participación ciudadana de las consultas populares, concretamente sobre temas ambientales, ha sido ejercido por las comunidades de los municipios en Colombia desde 2006. Su creación se remonta a la Constitución de 1991. La ciudadanía se pronuncia sobre las realidades de sus territorios y los llamados megaproyectos, con la expectativa de tener incidencia en la toma de decisiones políticas y de fortalecer su participación en un contexto de construcción de paz.
En 2016, año en el que se firma el Acuerdo Final entre el gobierno y la desmovilizada guerrilla FARC-EP, las consultas populares fueron bloqueadas en varios municipios de Colombia por parte de entidades gubernamentales. Una sentencia reciente de la Corte Constitucional puso en duda la competencia de la consulta popular local sobre el futuro de los proyectos a gran escala y el uso del subsuelo.
De interés: “Consultas populares y democracia frente a la paz ambiental”, comentario de Cecilia Roa García (CIDER).
Para discutir esta problemática, tuvo lugar el 15 de marzo de 2019 el seminario taller sobre consultas populares y democracia ambiental. La jornada fue realizada en la Universidad de los Andes y convocó a más de cien participantes (entre representantes de los movimientos sociales, investigadoras e investigadores de otras universidades y asistentes).
El seminario taller fue organizado por el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (CIDER) de la Universidad de los Andes, en alianza con el Instituto CAPAZ, la Fundación Heinrich Böll en Colombia, el Movimiento Nacional Ambiental y la Universidad Libre de Berlín.
Seminario taller
El primer panel discutió las implicaciones de la sentencia de la Corte Constitucional y de otros recursos legales disponibles para defender la tierra. Especialmente en el actual entorno post-conflicto, nuevos inversionistas muestran interés en Colombia y en este sentido cobra mayor importancia evaluar los impactos de cualquier megaproyecto, especialmente si implica actividades de extracción. Los participantes de la discusión fueron Juan Felipe García Arboleda, Rodrigo Negrete y Diana Murcia.
Foto: Cortesía seminario-taller.
Anclado en el movimiento de las comunidades indígenas de Colombia, el concepto de «vida» no sólo se atribuye a los seres vivos, sino también a los lagos, ríos y arroyos. Este concepto, afirmó Rodrigo Negrete, necesita ser entendido y considerado por las empresas cuyo ámbito es invertir en el negocio de los recursos extraíbles.
El segundo panel fue moderado por la investigadora Kristina Dietz (FU Berlin), con la participación de las expertas en derecho ambiental Vanessa Suelt y Diana Rodríguez Franco. El panel revisó en profundidad el fallo de la corte y el futuro del activismo y la protección del medio ambiente en Colombia. A pesar del fallo, Colombia cuenta con algunas de las leyes ambientales más progresistas del continente, según las panelistas.
Teniendo en cuenta el número aparentemente insuperable de problemas ambientales actuales a los que se enfrenta el país, existen herramientas y potencialidades para lograr estándares ambientales robustos a la hora de disuadir el futuro de los megaproyectos.
Foto: Cortesía seminario-taller.
La Constitución y la Corte Constitucional otorgan a las comunidades afrocolombianas e indígenas derechos en sus territorios y también consideran a otros grupos, como los pescadores, un grupo particularmente vulnerable que debe ser considerado a la hora de evaluar el impacto de los nuevos planes de inversión. El reto de los próximos años es elegir casos y argumentos que proporcionen un terreno fértil para una agenda legislativa ambiental holística y equilibrada.
(Agradecimiento a Johannes Butscher por su contribución a este texto).
La Fundación Heinrich Böll en Bogotá produjo el siguiente video sobre el desarrollo y las conclusiones del seminario taller (en español).